Tras la denuncia por la presunta destrucción de más de 1,600 hectáreas de bosque primario, el Ministerio Público inició diligencias preliminares para recabar declaraciones de los involucrados, entre ellos el supuesto propietario del terreno, el empresario Martín Morey, así como autoridades locales y representantes de la Autoridad Regional Ambiental.
Iván Rojas García, ambientalista, informó que la Fiscalía ya cursó las primeras notificaciones y ha programado citaciones, incluida su presentación para el 21 de enero. Indicó que también han sido convocados el alcalde de Barranquita y funcionarios del área de recursos naturales, y resaltó la celeridad del proceso ante el riesgo de que la deforestación continúe ampliándose.
El activista ambiental advirtió que la zona afectada formaría parte de un territorio que anteriormente debía mantenerse en conservación, pero que actualmente se encontraría totalmente deforestado. Señaló que no se habría respetado el cambio de uso de suelo ni los instrumentos de gestión ambiental, como la protección de ríos, riachuelos y especies en veda, lo que constituiría una grave afectación al ecosistema.
Finalmente, Rojas García hizo un llamado a priorizar la protección del medioambiente y a que las autoridades esclarezcan si existieron autorizaciones y si estas se cumplieron conforme a ley. Asimismo, alertó que la población de las zonas bajas se encuentra preocupada por el impacto ambiental, especialmente en las fuentes de agua, y anunció la convocatoria a una asamblea para evaluar acciones en defensa del territorio y del derecho a un ambiente sano.
