El Poder Judicial dictó medidas de protección a favor de la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de San Martín, Lluni Perea Pinedo, luego de una denuncia presentada contra el abogado Luis Guillermo Chanhan Gio, por presuntos actos de violencia psicológica y sexual difundidos a través de redes sociales. La disposición fue otorgada dentro de las 72 horas posteriores a la denuncia, con el objetivo de garantizar a la autoridad edil una vida libre de violencia. Este miércoles, hasta el despacho de alcaldía, llegó un efectivo policial para continuar con las diligencias.
Según explicó Angella Rivadeneira Bocanegra, abogada de la alcaldesa, el caso se originó a raíz de publicaciones realizadas el 06 de febrero desde cuentas atribuidas al denunciado, las cuales contenían comentarios de connotación sexual y psicológica en contra de la burgomaestre. La defensa indicó que el abogado había informado previamente, el 02 de enero, sobre el presunto hackeo de una de sus cuentas; sin embargo, no se evidenció el reporte ni la eliminación de dichas plataformas, tal como establecen las políticas de redes sociales.
La jueza resolvió prescindir de audiencia previa y ordenó diversas restricciones, entre ellas la prohibición de todo tipo de comunicación del denunciado con la alcaldesa, ya sea por medios telefónicos, electrónicos, redes sociales o cualquier otra vía. Asimismo, se dispuso tratamiento reeducativo y terapéutico obligatorio para el investigado, a cargo de personal especializado del Ministerio de Salud, además de prohibirle expresamente realizar cualquier forma de violencia psicológica, sexual o de otra modalidad contra la autoridad municipal.
La abogada Rivadeneira señaló que continúan recopilando evidencias para sustentar el proceso penal correspondiente y exhortó a las mujeres líderes de la región San Martín a expresar su solidaridad frente a este tipo de hechos. Reafirmó que las acciones legales se realizaron conforme a la ley y al principio precautorio, priorizando la protección de las mujeres, especialmente aquellas que ejercen cargos políticos, consideradas históricamente como un grupo vulnerable.
