Tarapoto: Desalojan 26 viviendas en sector Tiwinza tras proceso judicial de más de siete años

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Este viernes, se ejecutó el desalojo de 26 viviendas en el sector Tiwinza, en Tarapoto, como parte de un proceso judicial que llevaba más de siete años. Durante la intervención participaron efectivos policiales y representantes legales, mientras varias familias afectadas protestaban asegurando que no fueron notificadas formalmente sobre la medida.

Karen Lalanguin una de las afectadas, manifestó que los pobladores viven en la zona desde hace más de diez años y cuestionó que hasta el momento no se les haya mostrado una orden de desalojo.

Indicó además que cuentan con documentos de compra y venta, así como constancias relacionadas con la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entidad que según afirmó, mantiene el área como franja marginal y sin propietario registrado.

Por su parte, Jimmy Jefferson, hijo de otra vecina afectada, sostuvo que existe una resolución de la ANA donde se señala que la zona no tendría propietarios y permanecería bajo administración del Estado. Explicó que realizaron búsquedas catastrales y consultas ante registros públicos sin encontrar partidas registrales de propiedad, por lo que consideran injusta la ejecución del desalojo.

En tanto, Rielme López Cueva, abogado de los propietarios, señaló que el proceso judicial se inició tras invasión ocurrida en el año 2016 y aseguró que ya existen sentencias emitidas por usurpación. Rielme López Cueva, abogado de los propietarios.

Indicó además que las familias tuvieron oportunidades para regularizar su situación o llegar a acuerdos con los dueños del predio, pero no accedieron. Confirmó que el desalojo se ejecutaría en su totalidad y que no habrá una nueva postergación de la medida. Este terreno tiene tres propietarios quienes han negociado con cuatro familias, las mismas no serán desalojadas.

Los vecinos también denunciaron presuntas irregularidades durante el operativo, señalando la presencia de personas encapuchadas y la falta de notificaciones previas a familias vulnerables, entre ellas adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.