La Fiscalía de Tarapoto mantiene una investigación preliminar contra la diputada electa por San Martín, Jacqueline Viviana Tapullima Insapillo, de Juntos por el Perú (JP), por el presunto delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, tras detectarse presuntas irregularidades en la documentación presentada para su inscripción en las elecciones generales de 2026.
De acuerdo con un reportaje de Cuarto Poder, peritajes de la Policía Nacional concluyeron que la huella dactilar consignada en la declaración jurada de consentimiento no coincide con los registros oficiales de Reniec. Asimismo, un análisis grafotécnico determinó que la firma consignada presentaría características de una «imitación servil», por lo que tampoco correspondería a la rúbrica habitual de la legisladora electa.
Como parte de las diligencias, la Fiscalía citó a Tapullima para realizar pericias biométricas. Inicialmente solicitó la reprogramación de la diligencia por un viaje a Lima y, posteriormente, comunicó a la fiscal Georgette Araceli Pérez Gómez que haría uso de su derecho constitucional a guardar silencio.
La investigación, iniciada a finales de mayo de 2026, también evalúa un presunto delito contra la fe pública. Según especialistas consultados por el dominical, de comprobarse la presentación de documentación falsificada, la sanción podría oscilar entre seis (06) y ocho (08) años de prisión.
La investigación fiscal continúa en etapa preliminar. Por lo que la congresista electa conserva sus credenciales mientras no exista una resolución firme que invalide su elección o determine responsabilidades penales.
Sin embargo, si el proceso concluye que presentó documentación falsa para inscribir su candidatura, podrían activarse procedimientos judiciales y electorales que afecten su permanencia en el cargo. Esa situación dependerá de las decisiones que adopten tanto el Ministerio Público como las autoridades competentes durante el desarrollo del caso.
