El abogado Ottman Barrera López, señaló que, si se confirma que el efectivo policial permitió por negligencia el arrebato de su arma durante el enfrentamiento entre pandilleros barristas, podría afrontar una investigación en el fuero penal militar policial y un proceso administrativo que incluso podría terminar con su retiro de la institución.
Indicó que, aunque el arma fue recuperada, ello solo atenúa la responsabilidad, ya que la falta o el delito no desaparecen. Agregó que perder el control del armamento afecta la ética policial y proyecta una imagen negativa sobre la preparación de los efectivos.
Respecto al presunto responsable del hecho, explicó que el arrebato de un arma de fuego a un policía constituye un delito cuya pena supera los 15 años de prisión. Precisó que, si el implicado fuera menor de edad, igualmente deberá responder bajo el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes.
Finalmente, advirtió que el incidente representó un grave riesgo para la seguridad pública y sostuvo que la Policía debe actuar con firmeza dentro del marco legal. Añadió que, ante una amenaza real e inminente contra la vida del agente o el riesgo de perder su arma, la normativa permite el uso progresivo de la fuerza.
