Fiscales de prevención de delito piden a rondas campesinas desbloquear carretera Fernando Belaunde altura sector Indañe

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Carretera Fernando Belaunde Terry fue bloqueada este miércoles. Fiscalía penal de Turno actuaría contra dirigentes ante indicios de delito.

Frente a las recientes movilizaciones suscitadas en la región, la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Moyobamba, exhortó de manera verbal a los integrantes de las rondas campesinas a desbloquear la vía nacional Fernando Belaunde Terry, cerrada desde la mañana de este miércoles 14 de diciembre, a la altura del kilómetro 489 – sector Indañe, Moyobamba.

Hasta el lugar llegaron la fiscal provincial Olga Uberlit Salazar Delgado y su adjunto Marco Ramírez Casusol, quienes advirtieron a los manifestantes que no pueden obstaculizar el libre tránsito ni el normal funcionamiento del transporte público.

Ante la exhortación, Wilmer Asirio Pérez Rodas, presidente de las Rondas Campesinas de San Martín, dio a conocer su pliego de reclamos dirigido a exigir, entre otros pedidos, el cierre del Congreso de la República. Dijo que la medida tiene carácter pacífico; no obstante, continuarán con el bloqueo de la carretera permitiendo la circulación de vehículos oficiales y ambulancias, además del tránsito de personas a pie.

El representante de los ronderos indicó, también, que el horario para el paso de vehículos de transporte público y privado, aún se encuentra en evaluación.

Tras la actuación fiscal en prevención del delito y ante indicios de la presunta comisión del delito de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, se puso de conocimiento a la fiscalía penal de Turno para las acciones legales que correspondan, recordando que este ilícito está sancionado con una pena privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años, y en su modalidad agravada, hasta con ocho años de prisión.

Estas actuaciones preventivas se vienen realizando desde el lunes 12 del presente, mediante disposiciones fiscales orientadas a exhortar a los dirigentes de las organizaciones sociales, sobre el ejercicio del derecho ciudadano a la protesta, bajo estricto respeto a la propiedad pública y privada, así como a la seguridad y tranquilidad pública, con el fin de evitar disturbios y delitos de índole penal.