Un grupo de mujeres de distintas asociaciones de la región San Martín acudió este lunes al Instituto de Medicina Legal del distrito de Morales para recoger certificados médicos, requisito clave en el proceso que busca reconocerlas como víctimas de esterilizaciones forzadas y acceder a una reparación económica por parte del Estado.
Las afectadas sostienen que fueron intervenidas sin consentimiento durante la década de 1990, en el contexto del gobierno de Alberto Fujimori. Desde entonces, muchas de ellas han enfrentado secuelas físicas y emocionales que, aseguran, no han sido atendidas de manera integral.
Mayra Paredes Paredes, representante de la asociación de José Olaya, en la provincia de Bellavista, indicó que su organización mantiene un proceso judicial desde 2017 para exigir una indemnización individual. Recordó que tenía 21 años cuando fue sometida a la intervención, tras la autorización firmada por su pareja. “Me convencieron para intervenirme”, relató.
Otra de las mujeres, proveniente de Papaplaya, denunció que fue sometida a una ligadura de trompas el 26 de noviembre de 1996 sin su consentimiento. Junto a otras diez integrantes de su asociación, acudió también a la evaluación médico legal, en medio de un proceso que continúa sumando diligencias.
Desde la provincia de El Dorado, la presidenta de una asociación de una comunidad nativa cuestionó la falta de respuesta estatal frente a la vulneración de sus derechos. “Nos verán firmes por fuera, pero por dentro estamos enfermas”, expresó, aludiendo a las secuelas que persisten en las víctimas.
En tanto, la representante de la Asociación de víctimas de esterilizaciones forzadas de Agua Blanca informó que su colectivo estaba conformado inicialmente por 68 mujeres, de las cuales cuatro han fallecido sin haber obtenido justicia. “Queremos que se haga justicia con nosotras”, afirmó.
