Según el documento judicial, mediante Resolución N° 04, emitida el mismo 11 de agosto del 2026, se declaró fundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva contra los cinco investigados, por la presunta comisión del delito de disturbios.
El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de San Martín dispuso el internamiento de cinco jóvenes investigados por hechos vinculados al denominado caso “Barristas”, luego de declarar fundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva. La medida fue adoptada mientras continúan las investigaciones y se produce después de la detención de los involucrados durante el último fin de semana en Tarapoto.
Los investigados son Gian Carlo Garcia Fasabi, Rolin Samyer Rodriguez Cordova, Piero Tapullima Sangama, Suker Panaifo Isuiza y Angel Jesus Rojas, quienes deberán ser trasladados al establecimiento penitenciario Santo Toribio de Mogrovejo de Tarapoto para cumplir la medida cautelar ordenada por el Poder Judicial.
La decisión consta en el Oficio N° 001111-2026-3JIP (Exp N° 001797-2026-78-2208-JR-PE-03)-brc, emitido en Tarapoto el 11 de agosto del 2026 y dirigido a Rafael Dominguez Estrada, jefe de la DEPINCRI-UNIFLA-T.
De acuerdo con el documento judicial, mediante Resolución N° 04 se declaró fundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva por la presunta comisión del delito de disturbios, previsto en el Artículo 315 del Código Penal, en concurso ideal con el delito de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones en su modalidad agravada, contemplado en el Artículo 366 del Código Penal.
La investigación tiene como agraviados a la Municipalidad Provincial de San Martín y al Estado, dentro del expediente N° 01797-2026-78-2208-JR-PE-03.
El mandato judicial dispone que la autoridad policial ejecute el traslado de los cinco investigados al establecimiento penitenciario correspondiente. La medida se enmarca en una investigación que, según los antecedentes proporcionados, ha involucrado un periodo de nueve meses de prisión preventiva en el caso de los llamados “barristas”.
El documento precisa que el internamiento responde a una decisión judicial de carácter cautelar y que las investigaciones continúan, por lo que corresponde mantener la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
