Autoridades de Picota advirtieron que empresas de transporte fluvial no regularizadas habrían presionado y amenazado a las autoridades por no permitirles operar en la zona urbana para trasladar de una orilla a otra del río Huallaga a vehículos y pasajeros. Luis Aliaga, gerente municipal indicó que la infraestructura ribereña es limitada y que permitir más amarraderos en el casco urbano pondría en riesgo obras por las que el Estado ha invertido más de 30 millones.
Desde mayo, con motivo de trabajos de mantenimiento en un puente, llegaron a Picota varias embarcaciones que operaron de forma irregular. La municipalidad convocó a la Capitanía y estableció un plazo para que los operadores regularicen su documentación; dicho plazo venció el 15 de agosto y, según la administración, solo cinco empresas presentaron los requisitos exigidos y continúan operando.
El alcalde de Picota anunció gestiones ante instancias superiores, incluyendo viajes a Yurimaguas y Lima, para solicitar inspecciones y sanciones a quienes permitan la operación irregular. Aunque la municipalidad no tiene competencia directa para multar a las embarcaciones en materia fluvial, se busca que entidades como DICAP y la Marina de Guerra aclaren responsabilidades y, de ser necesario, se coordine la presencia de la Policía Nacional y la Fiscalía para retirar embarcaciones que operen al margen de la normativa.
Asimismo, la autoridad edil, señaló que, como alternativa, las autoridades han sugerido que las empresas que no puedan ubicarse en el casco urbano busquen amarraderos en zonas cercanas fuera de Picota, por ejemplo, en áreas como Villanueva, donde la capacidad no afectaría la defensa ribereña ni el malecón. Finalmente, las autoridades distritales llaman al orden y a la regulación: rechazan la instalación y operación de embarcaciones informales en los amarraderos urbanos por el impacto ambiental, la saturación de la infraestructura y los riesgos para la población.