El Ministerio Público amplió la investigación penal contra tres funcionarios de la Municipalidad Provincial de San Martín (MPSM). Esta medida se da en el marco del proceso por presuntas irregularidades en la aprobación de una ordenanza municipal que habría transgredido normas urbanísticas y ambientales.
De acuerdo con el abogado Napoleón Armstrong Salas Velásquez, representante de Pro-Ricuricocha, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa N.º 3 dispuso la ampliación de la denuncia penal contra la subgerente de Catastro, Jemyn Rocío Dávila Huanca, por emitir el Informe N° 247-2025 que dio conformidad a un procedimiento de participación ciudadana que no se habría cumplido adecuadamente.
Asimismo, se investiga al gerente de Infraestructura, Félix Víctor Cabrera Reyes, por no supervisar los informes vinculados al caso, y al asesor legal del municipio, Jesús Pinedo Barrutia, por emitir el Informe Legal N° 017-2025 que habría permitido continuar con el trámite de la ordenanza pese a vulnerar el Plan de Desarrollo Urbano (PDU).
Además, la Fiscalía amplió la investigación preliminar a los regidores que aprobaron la cuestionada ordenanza, luego de que nuevos testimonios revelaran que estos tenían pleno conocimiento de las observaciones técnicas antes de su votación.
El proceso, que se encuentra en una etapa preliminar con plazo vigente hasta el 5 de diciembre, cuenta con el respaldo de informes del Colegio de Arquitectos, la Contraloría General de la República, el Gobierno Regional de San Martín y otras entidades técnicas, los cuales concluyen que no se siguió el procedimiento adecuado en la aprobación de la norma.
Finalmente, El abogado Salas Velásquez señaló que lo más conveniente sería que la Municipalidad anule la ordenanza para evitar mayores consecuencias legales, ya que mantenerla vigente, pese a sus irregularidades, podría interpretarse como un acto de interés particular.
