Un informe de Unidos por los Bosques de la FCDS – Perú revela que esta actividad ilícita se ha extendido en 3 distritos de la región y que el avance del proceso de formalización es mínimo. En los últimos tres años la minería ilegal irrumpe crecientemente en la región San Martín, según una investigación realizada por la iniciativa Unidos por los Bosques, de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible la que fue presentada junto con la Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP.
Según el informe «Minería ilegal en la Amazonía peruana«, a partir del 2020 se empezó a reportar presencia de minería ilegal en el río Huallaga, una zona en la que antes no se desarrollaba esta actividad ilícita. En estas zonas se estaría desarrollando la extracción de oro aluvial mediante el uso de dragas y equipos artesanales a lo largo de la mencionada cuenca.
A nivel de la región, se encontró que 3 distritos de este departamento tienen presencia de minería ilegal: Chipurana y Huimbayoc, en la provincia de San Martín; y Santa Lucía, en la provincia de Tocache.
Por otro lado, a julio del 2023, la región tiene 238 mineros en proceso de formalización, de los cuales solo el 10.5 % se encuentra vigente y el 89.5 % está en condición de suspendido por no haber cumplido con la normativa. Es importante recordar que la suspensión se hizo efectiva desde el 2021 y, de acuerdo a la norma, los mineros suspendidos no deben realizar labores hasta subsanar las observaciones.
Además, a 11 años de haber iniciado el proceso de formalización, 4 de los 5 requisitos necesarios para formalizarse tienen por encima del 92 % de incumplimiento; incluso, en aquellos que sólo exigen presentar una declaración jurada, lo que evidencia la poca voluntad de los mineros de concluir con este proceso de formalización.
A nivel de la Amazonía, según el informe, 22 ríos amazónicos están siendo impactados negativamente por la minería ilegal. Entre los ríos afectados figuran el Marañón, Huallaga, Santiago, Nanay, Napo, Inambari y Putumayo. El 91 % de los casos se trata de extracción de oro, principalmente minería aluvial en cuerpos de agua para lo cual se utilizan dragas de diversos tamaños.
El informe también documenta las vinculaciones que existen entre la minería ilegal y otros delitos como el narcotráfico, la tala ilegal y, sobre todo, crimen organizado; así como la afectación a la salud de las personas por el contacto directo e indirecto con el mercurio y la proliferación de enfermedades transmisibles como el dengue y la malaria.
El director de Unidos por los Bosques, Mariano Castro, explicó que la tendencia creciente de esta actividad ilícita en todas las regiones amazónicas pone en riesgo a las personas, los bosques, la biodiversidad, la paz social y la gobernabilidad, por lo que se requiere una urgente intervención de todas las instancias de Gobierno.
