El Primer Juzgado Civil de Tarapoto declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por la Asociación Ecoguerreros del Perú y del Mundo contra el Concejo Provincial y la Municipalidad Provincial de San Martín, por considerar que la aprobación de la Ordenanza Municipal N° 022-2025-MPSM representó una amenaza cierta e inminente al derecho colectivo de la población a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para la vida, en el ámbito de la Laguna de Ricuricocha.
El proceso judicial se originó luego de que la Municipalidad Provincial de San Martín aprobara, una Ordenanza Municipal que autorizaba una propuesta de Plan Específico sobre un terreno ubicado en el sector Ricuricocha, vinculado al proyecto inmobiliario Prana Lagoons, promovido por la empresa Franquicia Ciudapolis S.A.C.
Iván Rojas García, representante de Ecoguerreros, señaló que la sentencia establece un precedente para la protección de los espacios naturales y advierte que ninguna autoridad podrá promover medidas que vulneren el derecho de la población a vivir en un ambiente equilibrado y adecuado. Asimismo, recordó que la Municipalidad habría representado una amenaza para la conservación de la laguna.
El dirigente explicó que, aunque posteriormente se aprobó una nueva ordenanza que dejó sin efecto la anterior, la asociación continuará con las acciones legales correspondientes, entre ellas una denuncia penal y el pedido de indemnización contra los responsables, cuyos recursos buscarían destinar a la delimitación, reforestación y recuperación de Ricuricocha.
Finalmente, anunció que utilizarán esta sentencia para impulsar medidas de protección de otras lagunas, como Jatuncocha, Ricuricocha, Totoroyacu y Andiviela. El incumplimiento de este mandato podría dar lugar a multas progresivas y otras medidas coercitivas previstas por ley, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan. Con esta decisión judicial, se establece un precedente importante para la protección de la Laguna de Ricuricocha y se recuerda a las autoridades la obligación de garantizar que los procesos de planificación urbana respeten las normas ambientales y los mecanismos de participación ciudadana.
