En una sesión extraordinaria que concluyó alrededor de las 10 de la mañana de este lunes, el concejo municipal de Juan Guerra aprobó la suspensión del alcalde José Lazo Arce, luego de conocerse una denuncia en su contra por agresión en contra de su pareja embarazada. El anuncio fue comunicado a los ciudadanos que protestaban en el exterior, quienes rechazaron la decisión al considerar insuficiente la sanción y exigir una suspensión definitiva.
La reacción tampoco fue bien recibida por la víctima y su madre, quienes increparon a la primera regidora asegurando que conocía el caso desde antes y no tomó acciones oportunas. Ambas insistieron en la necesidad de que se haga justicia y que el proceso avance con firmeza.
El regidor Colber Paredes Trigozo explicó que la medida se adoptó siguiendo estrictamente lo estipulado por la Ley Orgánica de Municipalidades y su reglamento. Precisó que el procedimiento aplicado corresponde al artículo que regula las suspensiones, el cual establece plazos y requisitos. Advirtió que apartarse del marco legal podría desencadenar sanciones o incluso la vacancia de los propios regidores.
Sobre el funcionamiento municipal tras la suspensión, detalló que la primera regidora, Rosa Patricia Torres Pinedo, asumirá como alcaldesa encargada, aunque el relevo no será inmediato, pues debe cumplirse un trámite formal. Indicó además que el alcalde no estuvo presente en la sesión, pero sí su abogado, quien ejerció su derecho a defensa. No precisó el nombre del representante legal debido a la intensidad de la jornada.
El regidor desmintió los rumores que aseguraban que el alcalde se encontraba dentro de la municipalidad durante la sesión. Señaló que incluso el presidente del Frente de Defensa le hizo la misma consulta, y él aclaró que esa versión era falsa. Respecto a las críticas sobre reuniones a puertas cerradas, afirmó que nunca han recibido solicitudes formales de participación ciudadana y que en ocasiones pasadas miembros del Frente de Defensa sí ingresaron cuando se discutieron otros temas.
Finalmente, Paredes informó que las sesiones no se graban, salvo un caso del año pasado, cuando se debatió un pedido de vacancia, y que toda la información queda registrada únicamente en el acta oficial que la secretaria municipal entrega a los regidores días después.