San Martín: SUTEP denuncia presunto desfalco millonario y red criminal en UGEL Lamas

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El Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) – región San Martín denunció la presunta existencia de una organización criminal que operaría al interior de la UGEL Lamas, involucrada en graves irregularidades administrativas que vulneran la ética y la transparencia de la gestión pública.

En conferencia de prensa, el secretario general del SUTEP San Martín, Mauro Mitma Anaya, informó que se habría detectado un desfalco de recursos públicos superior a los S/ 200 mil, cifra que podría incrementarse conforme avancen las investigaciones. Según indicó, existirían documentos que comprometerían directamente a funcionarios de dicha entidad.

El dirigente precisó que durante el año 2024 se habrían realizado depósitos mensuales de entre S/ 30 mil y S/ 40 mil a una supuesta empresa denominada Librería Matita, operaciones que figuran en reportes oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas, pero que no aparecen registradas en los sistemas internos de la UGEL Lamas, lo que evidenciaría una posible manipulación de información.

Como prueba, mencionó una constancia de pago por S/ 26,880 correspondiente al mes de octubre. Además, sostuvo que representantes del Ministerio Público habrían verificado la dirección fiscal de la empresa, ubicada presuntamente en Juanjuí, sin hallar evidencia de su existencia física ni comercial.

Ante estos hechos, el SUTEP San Martín exigió la inmediata intervención del Gobierno Regional, la separación de los trabajadores implicados, la apertura de procesos disciplinarios y penales, y la actuación de la Procuraduría Pública. Asimismo, solicitó que el actual director de la UGEL Lamas dé un paso al costado al considerar que su gestión está seriamente cuestionada.

Finalmente, el gremio anunció una movilización regional para el viernes 30 de enero en Moyobamba, que partirá desde la Casa del Maestro del SUTEP hacia la Dirección Regional de Educación. Entre sus demandas figuran la lucha contra la corrupción, el pago de la CTS a docentes contratados, la atención de la deuda social del magisterio y la transparencia en los concursos regionales.