Saposoa: Cinco años de cárcel para tres exfuncionarios y un empresario por irregularidades en obra vial

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Los hechos se remontan al 14 de agosto de 2017, cuando los exfuncionarios otorgaron la buena pro para la supervisión de la obra del camino Saposoa-Pasarraya al «Consorcio Supervisor Pasarraya», por S/ 989,200.81.

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Mariscal Cáceres–Juanjuí logró una sentencia de cinco años de pena privativa de la libertad efectiva y diez años de inhabilitación profesional y pública contra tres exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Huallaga-Saposoa y un empresario, tras ser hallados responsables del delito de negociación incompatible en agravio del Estado.

La condena alcanza a Jahir Ludeña, exgerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural y presidente del Comité de Selección; Romer Vela, exjefe de Abastecimiento y Servicios Generales; y Willi Laura, exresponsable del Instituto Vial Provincial, quienes fueron sentenciados como autores. También fue condenado el empresario Flavio Malqui, representante del «Consorcio Supervisor Pasarraya», en calidad de cómplice.

Los hechos se remontan al 14 de agosto de 2017, cuando los exfuncionarios otorgaron la buena pro para la supervisión de la obra del camino Saposoa-Pasarraya al «Consorcio Supervisor Pasarraya», por S/ 989,200.81. De acuerdo con lo acreditado durante el proceso judicial, el consorcio no cumplía con los requisitos mínimos de experiencia y calificación establecidos en las bases de la convocatoria.

Según la Fiscalía, al consorcio le faltaba más de medio millón de soles para alcanzar la experiencia financiera mínima exigida, fijada en S/ 1’506,397.17. Para aparentar el cumplimiento de este requisito, Flavio Malqui habría aplicado un cálculo de inflación (IPC) que no estaba contemplado en las bases, modificando sus cifras para presentar una propuesta que cumpliera aparentemente con las exigencias del proceso.

El caso fue impulsado inicialmente por la abogada Angelita Vargas Tanasoa (exfiscal adjunta), mientras que la etapa final del juicio oral estuvo a cargo del fiscal adjunto provincial Joe Collave Mantilla. La sentencia establece cinco años de prisión efectiva y diez años de inhabilitación; sin embargo, su ejecución permanece suspendida provisionalmente mientras se resuelven las apelaciones presentadas ante una instancia superior.