La abogada Cristina del Águila Arévalo, denunció públicamente que una empresa inmobiliaria viene ofreciendo lotes de terreno en la zona de Ricuricocha, induciendo a error a los ciudadanos al promocionar que estos cuentan con habilitación urbana, cuando en realidad aún no disponen de los permisos correspondientes.
Del Águila explicó que la empresa utiliza publicaciones en redes sociales para hacer creer a los compradores que el proyecto ya cuenta con cambio de uso de suelo y servicios básicos. Sin embargo, aseguró que se trata de un procedimiento irregular, pues no existen licencias ni autorizaciones técnicas que sustenten la urbanización del área.
“Ellos promocionan que todo está en regla, cuando ni siquiera tienen licencia de habilitación urbana ni dotación de servicios. Es una modalidad común en ciertos proyectos inmobiliarios: aplanan el suelo, venden los lotes y después enfrentan a los compradores con la realidad”, señaló la letrada.
La abogada precisó que desde el 2021 la empresa viene comercializando terrenos en la zona, incluso con publicidad que apela a aspectos turísticos y legendarios de la laguna Ricuricocha, con el fin de atraer compradores. Sin embargo, advirtió que en la práctica el lugar no cuenta con agua, desagüe ni energía eléctrica, por lo que muchos pobladores han tenido que invertir de manera personal para acceder a servicios básicos.
En ese contexto, Del Águila informó que volvió a presentar un documento dirigido a la regidora Blanca Gómez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Local, solicitando que el concejo municipal convoque a una sesión extraordinaria para evaluar la derogación de la Ordenanza 022-2025, la cual habría permitido a la empresa ampararse en un cambio de zonificación que no se ajusta al Plan de Desarrollo Urbano (PDU).
Asimismo, cuestionó la actitud de algunos regidores que, pese a conocer las observaciones legales y técnicas, respaldaron la aprobación de la ordenanza. Finalmente, exhortó a la población a informarse sobre la situación legal de los terrenos antes de realizar cualquier compra y pidió a las autoridades municipales asumir su rol fiscalizador en defensa de los vecinos y consumidores.
