Tarapoto: Alcaldesa Lluni Perea guardo silencio en investigaciones fiscales sobre ordenanza de Ricuricocha

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El silencio de la alcaldesa en el marco de las investigaciones fiscales en torno a la cuestionada ordenanza municipal relacionada con Ricuricocha sigue generando controversia. Pese a que la autoridad edil afirma trabajar por la defensa del medio ambiente, su postura no resulta clara frente a este proceso.

El abogado de la asociación Pro-Ricuricocha, Napoleón Armstrong Salas Velásquez, confirmó que la burgomaestre se presentó a una diligencia virtual realizada la tarde del jueves, acompañada de su defensa legal, donde hizo uso de su derecho a guardar silencio.

“Efectivamente, la señora alcaldesa se presentó con su abogado, pero se reservó a declarar. Es un derecho que le asiste, sin duda, pero tratándose de la principal funcionaria de la gestión, si considera que todo el procedimiento se realizó de forma correcta, pudo haberlo sustentado ante el Ministerio Público”, señaló Armstrong.

El letrado añadió que esta decisión podría interpretarse como un indicio de que no se habría cumplido con todos los pasos del proceso, en especial el de consulta ciudadana y la publicación correspondiente. “Cuando no se tiene documentación suficiente para acreditar la legalidad de los actos, el silencio se convierte en una opción. De lo contrario, habría podido demostrar que se siguieron los procedimientos de manera adecuada”, enfatizó. 

En paralelo, funcionarios municipales y técnicos ya vienen rindiendo sus declaraciones ante la fiscalía, como el ingeniero Córdoba, cuya diligencia se extendió por casi nueve horas y aportó información calificada como “sustanciosa y valiosa” por el abogado de Pro-Ricuricocha.

Aún faltan las declaraciones de varios regidores, quienes deberán aclarar su participación en la aprobación de la ordenanza. Armstrong precisó que algunos concejales ya colaboraron con la fiscalía, mientras que otros habrían optado por dilatar el debate en sesiones municipales, lo que podría acarrear responsabilidades.

El caso continúa en investigación y, según lo informado, el próximo 29 de octubre está programada una audiencia judicial clave. Mientras tanto, desde Pro-Ricuricocha se insiste en que existen retrasos administrativos y falta de transparencia por parte del concejo municipal, lo que incrementa las sospechas en torno a la gestión edil.