El reconocido defensor ambiental Iván Rojas García, conocido por su incansable lucha por la protección de los ecosistemas amazónicos, alertó sobre una preocupante práctica que estaría atentando contra los bosques del Bajo Huallaga: la proliferación de supuestas comunidades nativas que, tras obtener títulos de propiedad, estarían negociando con empresarios madereros para facilitar la explotación indiscriminada de la selva.
Durante una reciente declaración, Rojas lamentó la muerte del apu Quinto Inuma, líder indígena al que describió como un auténtico representante del pueblo originario de la zona. «Él y su descendencia hablaban su lengua originaria y eran reconocidos como una verdadera comunidad nativa«, señaló con pesar.
Sin embargo, el activista advirtió que en la actualidad vienen apareciendo comunidades que, lejos de responder a una identidad cultural legítima, serían parte de un entramado que busca apropiarse de tierras mediante procedimientos irregulares. «Muchas de estas presuntas comunidades no conservan rasgos culturales esenciales como el idioma originario, lo que hace sospechar de un trasfondo vinculado al tráfico de tierras«, denunció.
Uno de los casos que más preocupa a Rojas es el de una supuesta comunidad llamada Ana Pilluana, que, según especialistas, no figura en los registros oficiales ni en los mapas de comunidades nativas reconocidas por el Estado. «Estas agrupaciones aparecen de la noche a la mañana en zonas boscosas, obtienen títulos y luego negocian con madereros, aprovechando la ausencia del Estado«, alertó.
Frente a esta situación, el Ecoguerrero hizo un llamado urgente al Gobierno Regional de San Martín para reforzar los mecanismos de control y fiscalización en la zona. «San Martín debe aspirar a un desarrollo sostenible. No podemos permitir que se siga poniendo en riesgo nuestros bosques ni que se desvirtúe la identidad de los pueblos originarios que han vivido por generaciones en armonía con la naturaleza«, expresó con firmeza.
La denuncia de Rojas vuelve a poner sobre la mesa los retos pendientes en la defensa del territorio amazónico, donde la titulación de tierras sin criterios culturales rigurosos podría convertirse en una puerta abierta al despojo y a la destrucción del patrimonio forestal.