Tarapoto: Ecoguerro denuncian presunta colusión en ordenanza que permitiría urbanización en Ricuricocha

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La reciente aprobación de la Ordenanza Municipal N° 007-2025 por parte del Concejo Provincial de San Martín ha encendido las alarmas entre ambientalistas y defensores del patrimonio natural. La norma, que viabilizaría la habilitación urbana en la zona de Ricuricocha, ha sido duramente cuestionada por el activista Iván Rojas García, quien denunció una posible colusión entre autoridades y empresas privadas.

Según Rojas, el concejo liderado por la alcaldesa Lluni Perea Pinedo habría aprobado la ordenanza aprovechando el feriado largo, “entre gallos y media noche”, sin atender las advertencias de diversos sectores. “Algunos regidores prometieron reconsiderar su voto, pero finalmente no cumplieron su palabra”, expresó indignado. El activista también advirtió que la norma beneficiaría a las empresas Pranna Longe y Ciudadápolis, interesadas en urbanizar terrenos rurales en Ricuricocha, una zona de alto valor ecológico.

Pero las acusaciones fueron más allá. Rojas señaló posibles conflictos de interés que involucrarían directamente a la alcaldesa Perea. “No es casualidad esta aprobación. El activista hizo un llamado urgente al Congreso, al Gobierno Regional de San Martín y al Ministerio de Vivienda para frenar lo que calificó como un “atentado contra Ricuricocha”. Solicitó la emisión de una resolución que prohíba la habilitación urbana y la valorización comercial de esta área, a fin de preservar su ecosistema.

Rojas recordó que Ricuricocha no solo es un símbolo natural de la provincia, sino también un reservorio de biodiversidad y fuente crucial de agua para la región. “Estamos a tiempo de evitar su degradación total. La urbanización desordenada ya ha hecho bastante daño”, recalcó.

Finalmente, exhortó a los profesionales del derecho a sumarse en la lucha para revertir esta ordenanza. “No podemos permitir que se consuma esta lotización ante la pasividad de nuestras autoridades”, sentenció. Hasta el cierre de esta edición, la Municipalidad Provincial de San Martín no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre esta controversia que golpea la imagen de la actual gestión municipal.