El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, realizó una diligencia de constatación en el sector Ricuricocha, provincia de San Martín, con la participación de representantes de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Ministerio de Vivienda, la Autoridad Regional Ambiental (ARA), la Contraloría General de la República, el equipo de abogados de la asociación Ecoguerrero, la abogada de la Municipalidad Provincial de San Martín y la Policía Ambiental.
La diligencia estuvo dirigida por el fiscal Berly Andrés Rodriguez Sandoval, fiscal provincial de la Fiscalía Provincial Especializada en materia ambiental de San Martin, Sede Moyobamba, quien explicó que el procedimiento busca verificar en campo las denuncias sobre la ejecución de un proyecto inmobiliario en la zona, el cual estaría amparado en la Ordenanza Municipal N°022-2025-MPSM, que habría modificado la zonificación establecida, afectando áreas naturales y estatales.
Durante la intervención, el fiscal precisó que, si bien existió un pedido de reprogramación de la diligencia por parte del representante legal de la empresa involucrada, Jorge Luis Loza Díaz, el Ministerio Público decidió continuar con la constatación al haberse convocado a las instituciones competentes y encontrarse ya en el lugar.
Rodríguez Sandoval, subrayó que, por el momento, la verificación se limitará a las áreas de propiedad estatal, como el camino de acceso y la faja marginal, administrados por el Gobierno Regional de San Martín, evitando ingresar a predios privados.
Asimismo, se informó que el procedimiento comprende el sobrevuelo con dron y el levantamiento de información técnica por parte de los especialistas de Vivienda, ANA y ARA, quienes emitirán posteriormente informes técnicos para determinar si se han producido afectaciones ambientales o variaciones en la zonificación vigente.
Finalmente, la Fiscalía Ambiental reiteró que estas acciones forman parte del caso de la Ordenanza Municipal N° 022-2025-MPSM, iniciado a raíz de una denuncia presentada por el ciudadano Iván Rojas, y cuyo objetivo es establecer responsabilidades frente a un posible impacto ambiental en la zona de Ricuricocha.
