La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental ha asumido el trámite de la denuncia presentada contra la alcaldesa y los regidores de la Municipalidad Provincial de San Martín (MPSM), en el marco de la defensa del humedal de Ricuricocha y el ojo de agua. La investigación se centra en presuntas irregularidades cometidas en la aprobación de la ordenanza municipal 022-2025, que habría modificado la zonificación de estas áreas naturales.
El abogado de la asociación Pro Ricuricocha, Napoleón Salas Velásquez, informó que la Fiscalía de Delitos Ambientales resolvió dar curso a la denuncia interpuesta en julio pasado, iniciando diligencias por los delitos tipificados en los artículos 300 y 314 del Código Penal. Dentro de estas acciones, se ha programado la declaración de la alcaldesa para el próximo 9 de septiembre en la sede fiscal de Moyobamba, además de la citación a otros funcionarios involucrados en la emisión de informes técnicos y legales.
El letrado explicó que la Fiscalía evalúa la situación de algunos regidores, quienes podrían ser considerados como testigos o, eventualmente, investigados, dependiendo de su nivel de participación en el proceso de aprobación de la cuestionada ordenanza.
Por su parte, el abogado ambientalista Octavio Alvarado Angulo, sostuvo que existen pruebas contundentes de la falsedad en el procedimiento. Precisó que en la sesión del 7 de julio nunca se aprobó la dispensa del acta, y que en la del 4 de agosto se intentó someterla a votación sin éxito. Sin embargo, la ordenanza publicada el 19 de julio consignó lo contrario, lo que configura el delito de falsedad en documento público.
Ambos abogados coincidieron en que la ordenanza representa un “cambio encubierto” de zonificación, disfrazado bajo términos como “designación” o “modificación”. Señalaron que esta maniobra busca favorecer intereses particulares a costa de áreas naturales protegidas, lo que pone en riesgo el ecosistema de Ricuricocha.
Finalmente, los representantes legales de Pro Ricuricocha advirtieron que, si los regidores no derogan la norma en los próximos días, se ampliarán las denuncias penales no solo contra ellos, sino también contra funcionarios municipales que emitieron informes técnicos y legales que permitieron la aprobación. Asimismo, recordaron que el Gobierno Regional de San Martín ya se ha sumado al proceso como litisconsorte, reafirmando que el caso será llevado “hasta las últimas consecuencias” para salvaguardar estos espacios naturales.
