Durante una sesión del Concejo Municipal, la alcaldesa provincial declaró improcedente el pedido del regidor Joao Alfaro Soriano, quien solicitó la reproducción de un audio difundido en redes sociales y medios digitales, el cual, según indicó, estaría vinculado al caso Ricuricocha y a un proceso de vacancia en curso.
La presidente del concejo sustentó su decisión en el informe de la asesora legal, señalando que el requerimiento excedía las competencias del Consejo Municipal, ya que implicaba una suerte de pericia y validación de material audiovisual, facultades que corresponden exclusivamente al Ministerio Público y al Poder Judicial. No obstante, dispuso que se emitan copias certificadas del acta correspondiente y que toda la documentación sea remitida al Ministerio Público para que actúe conforme a sus atribuciones.
Ante esta determinación, el regidor Joao Alfaro expresó su desacuerdo y cuestionó lo que consideró una vulneración del derecho del concejo a fiscalizar. Señaló que el tema ya había sido admitido previamente en la estación despacho y, por tanto, debía tratarse en el orden del día.
El concejal también lamentó que se haya puesto en duda la labor de medios de comunicación locales y aseguró que el periodismo ha sido un aliado clave para evidenciar diversas observaciones a obras públicas, fallas en el sistema de seguridad ciudadana y presuntas irregularidades administrativas durante la actual gestión.
Finalmente, Alfaro Soriano se refirió a la rapidez con la que la alcaldesa convocó a una sesión extraordinaria para tratar pedidos de vacancia contra regidores, indicando que esta celeridad respondería a declaraciones previas difundidas en un medio local.
Afirmó que enfrenta actualmente procesos de vacancia y una denuncia penal, pero aseguró contar con sustento legal para su defensa, reiterando que nunca sostuvo reuniones formales ni informales con representantes empresariales vinculados al caso.
