Mujeres que laboran en el jirón Ramón Castilla expresaron su temor luego de la intervención de tres sujetos acusados de extorsionarlas. Según señalaron, las amenazas habrían iniciado tras una semana en la que individuos desconocidos rondaban la zona, aparentemente realizando reglajes y observando la actividad del lugar.
Una de las trabajadoras explicó que los presuntos extorsionadores se habrían acercado inicialmente a una joven para solicitarle su número telefónico, información que luego fue usada para enviar mensajes intimidantes, atribuyéndose al parecer a un grupo criminal.
Esa misma noche, otra mujer habría sido víctima de un intento de rapto, situación que incrementó la preocupación entre ellas. Indicaron que los sujetos exigían el pago de un cupo semanal de S/ 250 y que enviaron videos amenazantes donde advertían represalias graves en caso de no cumplir con sus exigencias.
La denunciante relató que el último miércoles, al mediodía, dos mujeres acompañadas de tres extranjeros retornaron a la zona para obtener nuevamente el contacto de otra trabajadora, continuando con el mismo método de presión y amenazas. Aseguró que las intimidaciones alcanzaron a todas, sin distinción de nacionalidad, y que incluso algunas compañeras fueron amenazadas con armas de fuego. Tras este hecho, el grupo decidió acudir a la Divincri para formalizar la denuncia.
Horas después, aproximadamente a las ocho de la noche, personal policial intervino a los tres presuntos extorsionadores mientras recorrían nuevamente la zona. Las denunciantes señalaron que, por lo que lograron identificar, dos serían de nacionalidad colombiana y uno venezolana, aunque inicialmente se especuló que podrían ser ecuatorianos. Añadieron que es la primera vez que un hecho similar ocurre en el tiempo que llevan trabajando en este sector, donde laboran entre 25 y 30 mujeres.
Las trabajadoras solicitaron a las autoridades mayor resguardo policial durante el día y la noche, ya que temen posibles represalias si los detenidos llegan a ser liberados. Advirtieron que cualquier situación que pudiera poner en riesgo su integridad o la de los vecinos debería ser atribuida a los intervenidos. Mientras tanto, un grupo de sus compañeras permanece en la Divincri de Tarapoto, exhortando a la Fiscalía a que se tomen las acciones correspondientes para evitar que este tipo de delitos continúe extendiéndose en la ciudad.
