La regidora de la Municipalidad Provincial de San Martín, Adela del Rosario Wilson Cachay, expresó su malestar por el resultado de la sesión de concejo en la que no prosperó el pedido de suspensión de la alcaldesa, señalando que existían razones suficientes para evaluar responsabilidades por presuntas decisiones que habrían afectado a la comunidad y al ecosistema local.
La autoridad edil indicó que el proceso se desarrolló con retraso y lamentó la ausencia del regidor Joao, quien promovió la solicitud de suspensión. Asimismo, sostuvo que cada regidor es responsable de su voto y recordó que solo cuatro integrantes del concejo respaldaron la medida, mientras que la mayoría votó en contra.
Wilson Cachay también cuestionó la participación del abogado de la alcaldesa durante la sesión, afirmando que se intentó influir en el debate e incluso impedir la participación de uno de los regidores en la votación. En ese sentido, anunció que solicitará información para fiscalizar los gastos relacionados con la contratación y pago de la defensa legal de la autoridad municipal.
Respecto a los fundamentos del pedido de suspensión, la regidora señaló que uno de los principales motivos estuvo relacionado con el caso Ricuricocha, por presuntas demoras en la firma y publicación de documentos municipales.
Finalmente, sostuvo que el concejo debe actuar como un puente entre la población y la municipalidad, y consideró que una parte importante de la ciudadanía respaldaba que se investigaran estos hechos y se asumieran las responsabilidades correspondientes.
