El abogado Jhon Tafur Puerta, se pronunció sobre la reciente ordenanza municipal aprobada sobre la habilitación urbana en Ricuricocha. Señaló que, este tipo de decisiones generan controversia, especialmente cuando podrían afectar a la población o al medio ambiente.
Tafur explicó que, para aprobar una ordenanza municipal, es necesario cumplir con una serie de requisitos técnicos, formales y legales, por lo que se presume que dichos criterios han sido evaluados antes de su aprobación, ya sea por unanimidad o mayoría del concejo municipal. Una vez publicada, la ordenanza entra en vigencia con carácter de ley dentro de la jurisdicción, por lo tanto, debe ser utilizada con los fines previstos.
El abogado advirtió que esta disposición no es inamovible. Los mismos regidores que la aprobaron pueden reconsiderar su decisión y tramitar una nueva ordenanza que la derogue, siempre que existan fundamentos como afectaciones al medio ambiente o a los intereses de la ciudadanía. Este proceso debe ser inmediato, dentro de plazos de cinco a diez días, especialmente si existe el riesgo de generar perjuicios.
Sobre el crecimiento urbano, el abogado señaló que este debe ser planificado, ordenado y regulado. Un cambio de zonificación requiere un trabajo multisectorial en el que deben intervenir diversas entidades como la empresa de agua potable, Electro Oriente, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Cultura, entre otros.
Por ello, aunque la municipalidad tenga las facultades técnicas para ejecutar este tipo de cambios, debe acogerse a las opiniones técnicas del gobierno regional y demás instituciones competentes. Tafur fue enfático en señalar que cualquier ordenanza debe responder al bien común y no a intereses particulares. En caso de comprobarse lo contrario, los regidores deberán asumir sus responsabilidades legales, administrativas o incluso penales.
