La tensión crece en torno a la polémica ordenanza municipal vinculada al sector Ricuricocha. A pesar de no haber sido invitados, representantes de las empresas inmobiliarias beneficiadas con dicha norma acudieron a la reunión convocada exclusivamente para dirigentes de la sociedad civil por los regidores de la Municipalidad Provincial de San Martín.
Durante el encuentro, los voceros empresariales tomaron la palabra para defender la legalidad de los proyectos que buscan implementar en la zona. El abogado de la empresa Cuidápolis enfatizó que su representada ha actuado conforme a ley y exigió el cumplimiento de la ordenanza aprobada por el concejo municipal.
“Si los regidores no se enmarcan en la legalidad, lamentablemente también nos veremos en la necesidad de iniciar las acciones legales correspondientes”, advirtió.
En la misma línea, el portavoz de la empresa Pradera Loong manifestó su rechazo a cualquier intento de derogatoria. Según indicó, llevan años gestionando la aprobación de sus proyectos y, como usuarios con derechos adquiridos, están en todo su derecho de defender su posición ante el clima de cuestionamientos.
El ingreso de estos representantes, que no figuraban en la lista de invitados, generó incomodidad entre los dirigentes civiles presentes, quienes esperaban un espacio de diálogo exclusivo para la ciudadanía. La controversia en torno a Ricuricocha sigue en aumento, mientras el concejo municipal aún no define una postura frente a las presiones sociales y empresariales.
